Presenta AMASFAC Durango iniciativa de Ley para protección de Víctimas de accidentes viales.

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En manos de su Presidenta, Mónica Gutiérrez, la AMASFAC Sección Durango entregó la Iniciativa de Ley de Protección a Víctimas de Accidentes Viales al Congreso del Estado, en presencia del Gobernador, el Dr. José Rosas Aispuro Torres, como testigo de honor y en coordinación con el Consejo Coordinador Empresarial.

La entrega de la propuesta, cuyo objetivo es otorgar beneficios a todos los implicados en algún accidente de tránsito, es decir, a las víctimas, a los responsables y al propio Estado, es resultado de la participación de Instituciones clave como la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, AMIS, y el Consejo Coordinador Empresarial.

La aprobación de esta iniciativa permitirá que el Estado de Durango se sume a los Estados del País que ya cuentan con políticas públicas en donde el Seguro Obligatorio para Protección de Víctimas de Accidentes Viales ya está incorporado en las leyes de movilidad o en los reglamentos de tránsito y que beneficiará a las víctimas de los accidentes viales, a sus familias, a las empresas donde colaboran y al Estado.

Algunos datos relevantes respecto a la regulación en materia de tránsito:

  • México ocupa el séptimo lugar a nivel mundial en muertes por accidentes de tránsito que, a nivel nacional, son la octava causa general de muerte.* 
  • En lo que se refiere a las víctimas, siete de cada diez muertes en México, corresponden a los usuarios vulnerables de la vía, es decir, peatones, ciclistas y motociclistas, con un porcentaje que asciende al 68.3 %,* (así lo reporta el Informe de la Situación de la Seguridad Vial del Secretariado Técnico del Consejo Nacional para la Prevención de Accidentes (STCONAPRA))
  • Dicho Informe, también señala que Durango es cuarto Estado a nivel nacional que presenta la mayor tasa de mortalidad por accidentes viales, únicamente después de Tabasco, Zacatecas y Sinaloa.*  De estos accidentes automovilísticos entre los jóvenes, el 90% están relacionados con el abuso del alcohol.*
  • En Durango, los automovilistas que causaron un accidente y que responsablemente contaban con un seguro de protección a víctimas de accidentes viales, transfirieron en 2016 al sector asegurado cerca de 155 millones de pesos, con los cuales se repararon daños y atendieron a las víctimas lesionadas; lamentablemente este dato corresponde al 18% del parque que circula en el estado.
  • Estamos hablando de un problema social, ya que en México los accidentes viales son la principal causa de muerte de la población joven (15-29 años), esta población es quien genera educación, economía formal y el desarrollo de nuestros estados y, por ende, del país.
  • La sociedad en general es la que absorbe el costo de muchos de estos accidentes, a través del gasto al erario que los Gobiernos tienen que ejercer para dar atención a las víctimas, a pesar de que siempre existe un automovilista responsable, particularmente cuando no cuenta con los recursos suficientes para hacer frente a su responsabilidad, o bien, cuando se da a la fuga porque conoce que no podrá absorber los daños que generó.
  • Distintas fuentes estiman que el costo de la atención de víctimas de accidentes viales oscila entre 1.5% y 3.5% del PIB, cantidad que es comparable con el presupuesto destinado a la Salud en general o al Desarrollo Social; o bien, cerca de la mitad de los recursos asignados a Educación Pública.
  • Ante este panorama, en 2011 la ONU diseñó el programa “Decenio de acciones por la seguridad vial 2011-2020”, el cual firmó también México y aceptó el reto de disminuir las víctimas mortales por hechos de tránsito.
  • De lo anterior y sabiendo que en México se registran, por lo menos, 340 víctimas heridas diarias (de las cuales 11 corresponden a Durango), se iniciaron diversas acciones para mejorar la seguridad vial, entre ellas las correspondientes a la protección de víctimas. 
  • La Ciudad de México y Jalisco hicieron recientemente reformas a su reglamento de tránsito para fortalecer una política pública que acompañe este esfuerzo País, así como otros 12 Estados que ya cuentan con la obligatoriedad del seguro de protección a víctimas, aunque es muy importante referir que no en todos los casos se ha logrado una instrumentación sólida que permita dar un paso completo a las mejores prácticas internacionales.
  • La implementación adecuada de las políticas públicas para la protección de víctimas de accidentes viales no depende únicamente de la obligatoriedad de un seguro, sino de las definición de las reglas necesarias para lograr una instrumentación que garantice la convivencia entre la ciudadanía, las autoridades; así como la inclusión del mercado asegurador en los términos de la libre competencia; quienes en conjunto protegerán y darán respaldo a los derechos que tienen los usuarios vulnerables de las vías públicas y a la responsabilidad que todos los conductores tienen frente a un acontecimiento con víctimas de accidentes viales.