Seguros contra desastres naturales, ¿por qué tan pocos países los tienen?

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Aunque ofrecen grandes ventajas para que los países recuperen su economía y garanticen la ayuda humanitaria a la población afectada, su costo los hace inalcanzables para la mayoría. El sector público es clave para revertir esta tendencia.

Un informe de Naciones Unidas que tuvo en cuenta la exposición a eventos naturales y la respuesta de la sociedad, estableció que cuatro países de la región –Guatemala, Costa Rica, El Salvador y Nicaragua– están entre los 15 que corren mayor riesgo si ocurre un desastre natural. Sin embargo, son pocas las naciones en América Latina aseguradas contra este tipo de fenómenos.

Es lo mismo que una persona sin seguro médico o un conductor sin protección para su auto. Pero no es poco habitual. En un estudio que publiqué en el Journal of Development Economics con Eduardo Borensztein y Olivier Jeanne, descubrimos que la abrumadora mayoría de los gobiernos carecen de seguros macro contra desastres naturales simplemente porque los costos de ese tipo de productos, en un mercado incipiente, superan los beneficios. Una situación desafortunada.

Una de las líneas de seguros contra desastres más prometedoras es la que se conoce como bono de catástrofes (o CAT), un instrumento financiero comerciable que distribuye el riesgo a través de los mercados globales de capital. Estos bonos suelen ser emitidos por gobiernos o empresas de reaseguros –las aseguradoras de las aseguradoras– y respaldados por letras del Tesoro de Estados Unidos. Aunque suelen pagar una pequeña fracción de los daños, pueden brindar importantes beneficios en caso de que se produzcan las peores calamidades.

Afortunadamente, los desastres catastróficos son poco frecuentes. Aun los países más vulnerables a huracanes, tormentas e inundaciones tienen solo entre 2 por ciento y 5 por ciento de posibilidades de enfrentar una tragedia en cualquier año. Pero ese tipo de eventos son tan devastadores, que pueden afectar la economía de un país de la misma forma en que una herida grave en la cabeza afecta al cerebro. Esta se expande rápidamente en una reacción en cadena desde el lugar donde se produjo el impacto a regiones distantes, se alteran funciones clave y se paralizan actividades. Un desastre natural severo no solo arrasa con la agricultura y la industria, sino que genera una necesidad abrumadora de volcar recursos a asistencia humanitaria y reconstrucción.

Y cuando gran parte de su base de ingresos queda destruida y actividades básicas como recaudar impuestos se ven limitadas, el Gobierno avanza con dificultad y con poca capacidad de ayudar al país a recuperarse.

En este contexto, los bonos de catástrofe brindan una ventaja clave, ya que los pagos se basan en la gravedad del evento más que en estimaciones de daños. Además, se pueden realizar con rapidez y poca disputa, lo que permite que las administraciones públicas brinden ayuda de emergencia antes de que llegue la asistencia extranjera. Los gobiernos, como los médicos que tratan daños cerebrales, pueden comenzar de inmediato con el proceso de reconstrucción y reparación antes de que se active la reacción en cadena y el daño se vuelva irreparable.

Los países que corren el riesgo de experimentar un desastre natural también tienen mayor peligro de caer en cesación de pagos de sus deudas si se produce una catástrofe. Eso significa que tienen menos credibilidad en los mercados de capital y deben vender su deuda a precios menores y con mayores retornos. Al reducir el riesgo de default sobre deuda no contingente, que debe ser pagada aun tras un desastre natural, los bonos de catástrofe pueden revertir esa ecuación. En la calibración de referencia del modelo mostramos que los bonos de catástrofe pueden permitirles a los gobiernos aumentar sus préstamos externos desde alrededor de 30 por ciento a más de 60 por ciento del PIB, lo que brinda un aumento del bienestar equivalente a varios puntos porcentuales de consumo.

En 2006, México se convirtió en un pionero en América Latina al emitir un bono de catástrofe de 160 millones de dólares para cubrir los daños de un potencial terremoto. Pero para la mayoría de los países, asegurarse contra catástrofes es extremadamente costoso. Dichos bonos cuestan hasta cuatro veces o más que lo que el país promedio está dispuesto a pagar para obtener las ganancias de bienestar de nuestro modelo. Esto se debe principalmente al desafío sumamente complejo de hacer cálculos sobre un evento que se produce una vez por siglo y sus costos relacionados. Una empresa de seguros para automotores puede usar datos de miles de accidentes para calcular con un buen grado de precisión el riesgo de un choque en el que hace falta reemplazar el parachoques. Pero ninguna puede predecir con exactitud la probabilidad de un terremoto muy poco frecuente pero devastador, que cobra la vida de miles de personas y deja miles de millones de dólares en daños. Además, no es probable que ninguna compañía privada invierta en el costoso análisis de riesgo y diseño de modelos requeridos para descubrirlo: su trabajo simplemente terminaría siendo de dominio público.

El resultado es un ambiente con falta de información en el cual los inversionistas son conservadores y la cobertura es costosa. Pero aquí el sector público podría cumplir un rol clave. Los gobiernos y las instituciones multilaterales podrían subsidiar la investigación necesaria y ayudar a expandir el mercado.

*Economista investigador principal en el Departamento de Investigación del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).